El operativo de traslado concluyó con su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la capital panameña. El despliegue contó con estrictas medidas de seguridad, incluyendo unidades especiales y equipos caninos, aunque las autoridades optaron por una salida discreta a través de una ruta alterna para evitar contratiempos.
Atentado terrorista en Panamá dejó 21 víctimas
Hage Jalil es señalado por su participación en la explosión del vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, siniestro ocurrido en julio de 1994 poco después de despegar desde la ciudad de Colón. Aquel trágico evento resultó en la muerte de 21 personas, la mayoría de ellas de origen judío.
Este ataque se registró apenas 24 horas después del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, suceso que dejó 85 fallecidos y que también ha sido atribuido a la misma organización extremista.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Panamá, el sospechoso habría tenido un rol clave en la planificación del ataque, incluyendo la obtención de explosivos mediante el uso de identidades falsas. En el mismo hecho participó Ali Hawa Jamal, quien transportó el artefacto explosivo y pereció durante la detonación.
La captura de Hage Jalil se concretó el 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, tras la activación de una alerta roja internacional. La extradición fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, luego de comprobarse que su naturalización en 2005 fue obtenida de forma irregular para evadir la acción de la justicia.
Durante años, el acusado logró permanecer bajo una protección de facto que impidió su comparecencia ante los tribunales. El caso tomó un nuevo rumbo en 2017, cuando la inteligencia israelí proporcionó información clave a Panamá, la cual fue reforzada por material entregado personalmente por el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos también mantuvo una participación activa en las pesquisas durante más de 30 años, llegando a ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que facilitara su detención.
El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, calificó este hecho como un avance fundamental hacia la justicia, expresando su esperanza de que el proceso judicial brinde consuelo a los familiares de las víctimas tras tres décadas de espera.
Aunque el juicio se llevará a cabo en Panamá, las autoridades de Estados Unidos no descartan solicitar la extradición del acusado en el futuro, considerando que entre las víctimas del atentado se encontraban ciudadanos estadounidenses.
