La decisión de posponer el debate se tomó durante una sesión ordinaria, que fue transmitida por el canal oficial de la AN en YouTube, a raíz de una sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.
“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (…) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la ‘presidenta encargada’ (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expresó Camacho.
Dentro de los artículos analizados este jueves 26, resalta el número 36, el cual estipula que el Estado podrá reservarse, por motivos de interés público y de naturaleza estratégica, la actividad primaria de extracción de minerales radioactivos, así como su procesamiento, beneficio y la venta de sus productos derivados.
De igual forma, el artículo 37 establece que el Banco Central de Venezuela (BCV) posee un “derecho preferente” para adquirir todo el oro que se extraiga como resultado de “cualquier actividad minera” en territorio nacional, el cual deberá serle ofrecido por intermedio del Ministerio de Minas.
Adicionalmente, el artículo 13 decreta la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera. Este nuevo organismo tendrá a su cargo las labores de “supervisión, control, inspección y fiscalización” de la minería en su totalidad, además de “ejercer la administración de los tributos y regalías, establecidos en esta Ley”, cuyos detalles aún no han sido discutidos.
Los legisladores deben continuar el debate de cada artículo antes de dar la aprobación final a la ley, que fue introducida hace dos semanas por el mismo diputado Camacho.
En la sesión previa, la AN ya había aprobado 12 artículos. Específicamente, el artículo 11, en su quinto numeral, faculta al Ministerio de Minas para fomentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, dentro de un marco que garantice la “seguridad jurídica”.
La legislación también contempla que las actividades mineras podrán ser realizadas por personas naturales dedicadas a la minería artesanal de forma individual.
Asimismo, el artículo 9 de la normativa indica que las partes involucradas podrán convenir que “las dudas y controversias de cualquier naturaleza”, que no logren resolverse de manera amistosa, se diriman en los tribunales venezolanos o a través de “mecanismos alternativos de resolución de controversias”, como la mediación y el arbitraje.
Si obtiene la aprobación parlamentaria, esta propuesta legislativa sustituirá a la Ley de Minas que ha estado en vigor desde 1999, la cual fue promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante un decreto, tras recibir poderes especiales de la AN.
La presentación de esta ley en la AN ocurrió pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien sostuvo un encuentro con la presidenta encargada.
En esa ocasión, Burgum afirmó que compañías estadounidenses del sector minero están “deseosas” de iniciar operaciones en Venezuela.
Posterior a la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una licencia que permite ciertas actividades vinculadas a la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas norteamericanas, un área que hasta ese momento se encontraba bajo sanciones.
