Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, indicó que su organización está en proceso de confirmar los hechos. “Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I”, señaló. De igual forma, la activista Tamara Suju, quien dirige el Instituto Casla, alertó sobre la situación en sus plataformas digitales: “En su mayoría son militares, pero también hay civiles y extranjeros. Todos exigen libertad”.
En este contexto, Elisa Trotta hizo un llamado por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, a quien describió como “secuestrado” y que se encuentra entre los reclusos.
Rechazo a la exclusión de militares de la amnistía
Las peticiones centrales de los manifestantes se enfocan en obtener su libertad y manifestar su desacuerdo con las limitaciones de la Ley de Amnistía, que no incluyó a un número significativo de efectivos militares privados de libertad por razones políticas.
Romero calificó estas exclusiones como “discriminatorias e inconstitucionales”. “No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos y parientes de los detenidos han reportado también actos de represión dentro del penal, severas restricciones y una notable falta de comunicación por parte de las autoridades carcelarias, de acuerdo con testimonios recogidos por la agencia AFP.
Desde hace más de un mes y medio, familiares han mantenido vigilias y campamentos en las afueras de varios centros de reclusión, incluyendo El Rodeo I. Las manifestaciones se han agudizado tras la sanción de la ley, ante la esperanza de liberaciones que no se concretaron para los excluidos.
“¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!”, fue el clamor de los familiares entrevistados por AFP. Yessy Orozco, hija de uno de los presos, expresó su indignación: “El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros, que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos. Ya basta de tanto abuso y tanta tortura”.
El ingreso al recinto penitenciario sigue vedado y las autoridades no han emitido comunicados oficiales ni han autorizado visitas durante la huelga.
Una ley cuestionada por activistas y ONG
La Ley de Amnistía fue impulsada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez como un avance hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”. El diputado Jorge Arreaza informó que la Fiscalía había tramitado 379 peticiones de amnistía ante los juzgados, con excarcelaciones programadas.
No obstante, grupos independientes afirman que cientos de reclusos no fueron considerados. El Foro Penal estima que al menos 400 detenidos no fueron beneficiados, principalmente militares y personas vinculadas a operativos recientes. La ONG planea presentar una lista con 232 casos ante la comisión parlamentaria para su evaluación.
En medio de la incertidumbre que reina en las cárceles, los familiares confían en que la comisión especial del Parlamento revise los casos omitidos y facilite futuras liberaciones.
Mientras la huelga de hambre en El Rodeo I continúa como forma de presión, activistas y familiares advierten que el proceso de amnistía podría generar una nueva ola de tensiones si no se atienden las exclusiones que han provocado un creciente malestar en el país.
