Según la agencia EFE, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que los delitos imputados abarcan crimen organizado, trata con fines de explotación sexual, secuestro y un doble asesinato ocurrido en el distrito de El Bronx en 2024. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, con base en Manhattan, está al frente de esta ofensiva judicial que tiene como fin desmantelar las actividades de la banda en territorio norteamericano.
El documento acusatorio refleja un avance en las investigaciones. De los 27 imputados, 21 ya contaban con un procesamiento previo por 12 delitos, a los que ahora se añaden los nuevos cargos presentados este viernes. De los seis individuos restantes que se sumaron recientemente al caso, cinco ya están detenidos por las autoridades.
Uno de los crímenes más graves que la Fiscalía ha documentado es el asesinato a balazos de José Bisbal Pina y Adrián Mendoza Istúriz, en abril de 2024 en El Bronx. Por este doble homicidio se señala directamente a los ciudadanos Yender Mata, Ervin Hernández y Kerlyn Nataly Pérez, quienes habrían perpetrado el ataque como parte de las operaciones delictivas de la facción.
La célula, denominada Anti-Tren y compuesta casi en su totalidad por exintegrantes y socios del TDA, mantenía operaciones en toda la ciudad de Nueva York, abarcando los distritos de El Bronx y Queens, además de Nueva Jersey y otras zonas del país como Illinois y Washington, según detalla la acusación.
La estructura criminal se lucraba del tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres jóvenes que eran llevadas a Estados Unidos bajo la promesa de saldar deudas trabajando sexualmente. Para asegurar el pago, las víctimas eran amenazadas de muerte junto a sus familias, sufrían agresiones físicas y eran rastreadas y secuestradas si intentaban escapar.
La acusación contra los miembros de esta facción, que opera de forma independiente al TDA, detalla que ejecutaron, conspiraron, intentaron y amenazaron con cometer actos violentos, incluyendo asesinatos y agresiones, para resguardar y ampliar sus operaciones, solucionar disputas internas, tomar represalias contra grupos rivales y mantener el control sobre sus víctimas.
Los miembros y asociados de Anti-Tren también se involucraron en el tráfico de drogas, robos y la obtención, posesión y uso de armas de fuego y municiones, por lo que podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.
