El también titular del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que el Ejecutivo había excarcelado a 897 personas desde diciembre, cifra que se redujo a 896 debido a que “una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”.
“Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”, sentenció Cabello durante la conferencia de prensa semanal de la tolda oficialista, emitida por Venezolana de Televisión (VTV).
Detalló que el Ministerio Público (MP) había elevado una solicitud a un tribunal para anular la excarcelación de Guanipa, después de que el político diera declaraciones a los medios y se sumara a una movilización por distintos centros de reclusión donde familiares de presos políticos mantienen una vigilia.
“Eso es una muestra de que la justicia está funcionando”, enfatizó el funcionario.
En esa línea, insistió en que las liberaciones representan una “oportunidad” para personas que estaban presas “por haber cometido delitos” y criticó la actitud de ciertos opositores que “se creen intocables”.
Guanipa, quien es una figura nacional de Primero Justicia (PJ) y un colaborador cercano de la líder opositora María Corina Machado, había sido liberado el domingo 8 de febrero. Su excarcelación formaba parte de un proceso de liberaciones que el gobierno inició el pasado 8 de enero.
Al salir de prisión, Guanipa se dirigió a la prensa y abogó por una reconciliación nacional “con la verdad”, afirmando que Venezuela “tiene derecho a ser un país libre”.
No obstante, en la noche del mismo domingo se conoció que fue interceptado y detenido por “hombres no identificados”. Su hijo, Ramón Guanipa, aclaró que las medidas cautelares que le impusieron solo contemplaban la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante tribunales cada 30 días.
Por su parte, la organización Vente Venezuela (VV) confirmó este lunes que el exdiputado se encuentra recluido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Previamente, su hijo había denunciado no tener “información oficial de su paradero” y que los captores no portaban uniformes ni se identificaron.
