En su comparecencia, Rubio detalló que un equipo ya se encuentra «sobre el terreno» para evaluar la reapertura de la sede diplomática, y agregó que 70 empleados ya están asignados a la instalación para su mantenimiento.
De acuerdo con el senador, contar con una representación diplomática estadounidense en Caracas permitirá a Washington «obtener información en tiempo real e interactuar» tanto con funcionarios del Gobierno venezolano como con miembros de la sociedad civil y la oposición.
Abriendo el camino
«Creemos que podremos avanzar en esa dirección, han sido muy cooperativos en ese aspecto. Obviamente, hay puntos difíciles en el camino y veremos cómo se responde a eso», expresó Rubio.
Asimismo, recordó que Laura F. Dogu, actual encargada de Negocios de la Oficina de Asuntos Externos de EE. UU. para Venezuela, dirigirá esta unidad inicialmente desde Bogotá para luego trasladarse a Caracas.
«Tomará tiempo. El objetivo principal era la estabilidad tras la salida del (presidente) Maduro», manifestó Rubio, afirmando que se alcanzó un «acuerdo» con las actuales autoridades venezolanas.
De hecho, señaló que los funcionarios venezolanos «merecen cierto reconocimiento» y mencionó como ejemplo la aprobación en primera discusión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual, a su juicio, «elimina muchas de las restricciones de la era de [Hugo] Chávez a la inversión privada en la industria petrolera».
Durante su intervención, Rubio también abordó la posibilidad de una «guerra civil» en Venezuela. «Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos, y el acuerdo es el siguiente: sobre el petróleo sancionado en cuarentena, les permitiremos comercializarlo».
En ese sentido, enfatizó: «Les permitiremos venderlo a precios de mercado, no con descuento (…). Y ellos gastarían ese dinero en beneficio del pueblo venezolano».
Por otro lado, las autoridades de Venezuela comunicaron que el pasado 6 de enero, el presidente Nicolás Maduro solicitó ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York su derecho a recibir asistencia consular de representantes del Estado, luego de su secuestro y traslado a Estados Unidos.
