El ministerio público, que había comenzado una investigación preliminar para determinar su competencia, concluyó que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para procesar el asunto. Según la resolución emitida este viernes, el motivo principal es que los supuestos actos ilícitos del artista tuvieron lugar en 2021 en República Dominicana y Bahamas.
En un documento de siete páginas, la Fiscalía detalla que, de acuerdo con los criterios del Tribunal Supremo, España no puede investigar delitos cometidos en el extranjero si no existen vínculos significativos con el país. Esta norma se aplica especialmente cuando las víctimas y los presuntos autores son extranjeros y no residen en España, o si los hechos pueden ser investigados en los países donde ocurrieron.
El ministerio público destacó que no hay pruebas de que las autoridades de República Dominicana o Bahamas hayan declinado ejercer su jurisdicción. Además, se subrayó que la totalidad de los presuntos delitos ocurrieron fuera de España y que las denunciantes, además de no tener nacionalidad española, tampoco residen ni tienen su centro de vida en el país.
La denuncia fue presentada a principios de enero por la organización Women’s Link Worldwide, con el apoyo de Amnistía Internacional. La ONG argumentó que prefería la justicia española por sus leyes de protección contra la trata y la violencia de género, basándose en la nacionalidad española de Iglesias para intentar que la Audiencia Nacional asumiera el caso.
Ambas organizaciones han calificado la decisión de la Fiscalía como “lamentable”, afirmando que se “pierde la oportunidad de investigar los hechos”. En un comunicado, criticaron que no se realizara un análisis de fondo sobre la culpabilidad del cantante y señalaron que la decisión desconoce el principio de extraterritorialidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Las denunciantes, identificadas con los seudónimos de Rebeca y Laura para proteger su identidad, han asegurado que “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”. Mientras tanto, Iglesias publicó mensajes en redes sociales para intentar desacreditar a las mujeres.
Las acusaciones, reveladas en una investigación periodística, detallan que una exempleada del servicio doméstico fue presuntamente presionada para tener encuentros sexuales, mientras que una fisioterapeuta denunció haber sufrido tocamientos. Ambas también reportaron insultos durante su jornada laboral.
A pesar de haber otorgado la condición de testigos protegidas a las denunciantes y haberlas interrogado telemáticamente, la Fiscalía concluyó que no tiene competencia. Se citaron precedentes del Tribunal Supremo que limitan la jurisdicción extraterritorial, indicando que los hechos deben ser perseguidos por los Estados donde ocurrieron.
Julio Iglesias ha negado todas las acusaciones y contrató al influyente abogado penalista José Antonio Choclán, quien desde el principio argumentó la falta de competencia de la Audiencia Nacional.
Aunque esta decisión representa un revés para las denunciantes, no cierra por completo la vía penal. La ONG todavía puede presentar una querella directamente ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, aunque ahora lo harían sin el respaldo de la Fiscalía.
