El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) procedió este miércoles a desactivar los formularios digitales que los migrantes utilizaban para actualizar su situación legal, añadiendo un nuevo capítulo a la controversia que impacta a aproximadamente 600.000 venezolanos en territorio estadounidense.
La imposibilidad de renovar el TPS a través de los canales habituales expone a los beneficiarios a la pérdida de sus fuentes de empleo y a la amenaza de deportación.
Jéssica Bansal, representante legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y defensora de los venezolanos en el litigio, declaró en una conferencia de prensa que el USCIS está ignorando la directriz emitida por el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito Norte de California. Dicha resolución había mantenido el TPS tanto para los venezolanos como para cerca de medio millón de haitianos.
El juez Chen había determinado previamente que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido sus facultades al intentar revocar el amparo, calificando su decisión de «arbitraria y caprichosa». Gracias a este fallo judicial, el beneficio migratorio se mantiene activo para todos los afectados.
La demanda interpuesta protege a dos grupos de venezolanos que se beneficiaron del TPS otorgado durante la administración del presidente Joe Biden (2021-2025): aquellos que obtuvieron el estatus en 2021, estimados en unos 250.000, cuyo amparo expiraba el 10 de septiembre, y los beneficiarios de la extensión aprobada en 2023, que suman alrededor de 350.000 personas.
Ante esta situación, Bansal ha solicitado al juez Chen la convocatoria de una audiencia de emergencia con el fin de obligar al USCIS a restaurar la funcionalidad de renovación en línea.
La abogada aconsejó a los ciudadanos venezolanos cuyo TPS haya vencido recientemente que procedan a enviar sus formularios de renovación por correo postal, mientras la corte evalúa la nueva petición judicial presentada.
