El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 26 de enero que un fiscal del Ministerio Público y dos funcionarios de la Defensa Pública serán imputados por aceptar dinero a cambio de otorgar beneficios procesales a personas vinculadas con miembros del Tren de Aragua.

En una rueda de prensa, Saab señaló que a través de audios y videos descubrieron que el exfiscal Renny Amundaraín y el exdefensor Público Adys Salcedo recibieron alrededor de 360.000 dólares para que gestionaran, coordinaran y ejecutaran beneficios procesales para familiares de los delincuentes de la peligrosa banda.

Los funcionarios del Ministerio Público serán imputados por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para Delinquir, de acuerdo con Saab.

Salcedo y Amundaraín ya se encuentran detenidos, mientras que aún queda por ejecutarse la orden de aprehensión en contra de Emily Pacheco, exdirectora de Auditoría de la Defensa Pública, también involucrada en el caso.

Amundaraín estuvo vinculado con casos polémicos y fue señalado por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con Zair Mundaray, exvicefiscal venezolano, Amundaraín «fue quien montó el caso de Carlos Lanz, profesor universitario adepto al chavismo, en el que condenaron por homicidio sin prueba de la muerte (sin cadáver ni información del paradero del cuerpo)».

También fue el responsable de apresar al politólogo Nicmer Evans, así como al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. Asimismo emitió una prohibición de salida del país contra los defensores de derechos humanos Alonso Medina Roa y Ana Leonor Acosta