El ente de control informó que el año pasado hubo un aumento de hasta el 23% en el número de menores acogidos por el programa de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021 a 220 beneficiarios en el año 2022.
Igualmente, la Procuraduría alertó que los menores de pueblos étnicos también han sido afectados de manera desproporcionada por estos hechos: 68 indígenas y 28 afrocolombianos en 2022, respectivamente.
Antioquia, Choco y Cauca fueron los departamentos más afectados con más de 200 alertas tempranas identificadas en esta materia.
Tras la persistencia y el aumento de este fenómeno, la Procuraduría hizo un llamado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual (CIPRUNNA), y a los gobernadores y alcaldes para que desarrollen estrategias robustas y eficientes de protección.
“A pesar de que el Estado colombiano cuenta con una política pública en la materia y oferta institucional para la prevención y promoción de este delito, esta ha sido insuficiente para mitigar el impacto del reclutamiento en territorios donde operan grupos ilegales y estructuras criminales, que además también sufren de desplazamiento forzado y el confinamiento”, puntualizó el Ministerio Público.
