El documento obtenido por Banca y Negocios plantea una reestructuración histórica de Pdvsa, que supone desprender a la empresa de sus filiales no petroleras y de sus filiales latinoamericanas, así como replantear los modelos de negocios aguas abajo, aguas intermedias y aguas arriba con una mayor participación de empresas privadas, aunque con mayoría estatal en todas las alianzas; sin embargo, se resucita el modelo de licencias.
Sobre el tema de los combustibles, el documento establece la necesidad de crear un tabulador donde se establezcan las reducciones del subsidio mes a mes, «hasta un valor que iría en función del pulso social y la realidad económica del país, se deberá proteger de manera especial los sectores de transporte público, transporte de alimentos y medicinas y generación eléctrica«.
«El sistema de subsidios actual representa una dura carga financiera de 11.000 MMUSD por año para PDVSA y la nación, que no le permite recuperar costos ni traducir las ganancias en obras tangibles y beneficiosas para el país, siendo totalmente desigual, poco equitativo y generador de grandes distorsiones en la economía», apunta el proyecto.
La justificación de esta medida es casi obvia: «Esto permitirá levantar fondos para modernizar el servicio de expendios y distribución, recuperar el parque refinador y generar incentivos para la producción de crudos aptos para la refinación nacional, así como desmontar y combatir los esquemas de contrabando de extracción».
