«La Contraloría General de la República ordena el inicio de procedimiento de auditoria patrimonial a los ciudadanos Carlos José Balza Guanipa, David Smolansky, Elio Ramón Tortoledo, Luis Augusto Pacheco, Maríe Elizabeth Lizardo de Jiménez, José Ignacio Hernández González, José Mirena Bilbao, Enrique Simón Torres, Rogelio Rafael Lossada, Carmen Eliza Hernandez Rodríguez de Castro, José Alberto De Antonio Cabrera y Mireya Riparti de Amaya…, de conformidad en lo previsto en la Ley orgánica de la Controlaría de la República contra la corrupción se ordena el procedimiento de auditoria patrimonial y el procedimiento de inhabilitación por los evidentes hechos de corrupción», destacó en rueda de prensa desde la sede la Contraloría.
Amoroso indicó que todos estos funcionarios designados por Juan Guaidó serán inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos, además de investigar el patrimonio particular de cada uno, presumiendo corrupción en las actuaciones. Asimismo, resaltó que esta misma medida le será aplicada a Luisa Ortega Díaz, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Antonio Ledezma y Julio Borges, por cuanto se presumen que han ocultado y falseado información en su declaración patrimonial.
De la misma manera Amoroso declaró los actos parlamentarios de nulidad absoluta, por cuanto la Asamblea Nacional se encuentra en desacato.
