El 15 de enero de 2017, el paso hacia el sector El Cujicito de la urbanización Araguaney de El Junquito, en Distrito Capital, fue prohibido. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban allí en la búsqueda del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez, el funcionario que se opuso al Gobierno.
Los habitantes de la localidad y el resto de los venezolanos se enteraron de lo que ocurría porque el propio Óscar Pérez difundió una serie de videos en redes sociales. Allí reportaba que había sido sitiado por las fuerzas de seguridad del Estado, que resistían el ingreso de los funcionarios y finalmente que estaban dispuestos a entregarse.
Para el mediodía, él y Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini Agostini ya habían sido ultimados en lo que las autoridades de gobierno afirman que fue un enfrentamiento. Más tarde se supo que todos recibieron un tiro en la cabeza, según informes forenses filtrados y difundidos.
En los días siguientes, la casa que sirvió de refugio para estas seis personas fue destruida, a los familiares no se les permitió velar a los fallecidos y decenas de personas allegadas a Óscar Pérezfueron detenidas y presuntamente sometidas a torturas.
Aunque organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron el exceso de la fuerza policial y militar en el procedimiento, ninguna autoridad de Venezuela abrió una investigación al respecto.
El Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo parecen haber archivado el caso de lo que algunos llaman hoy “la masacre de El Junquito”, mientras los familiares de los fallecidos siguen llorando su ausencia.
