Un equipo bipartidista presentó la moción ante el parlamento estadounidense, medida que corre tras una investigación de la agencia de noticias Associated Press que reveló cómo funcionarios del gobierno venezolano se lucran con el tráfico de alimentos.
“El ejército lucra con la distribución de comida mientras el pueblo venezolano sufre cada vez más hambre y la corrupción ha alcanzado nuevos niveles de perversión que no pueden quedar inadvertidos”, estableció el senador demócrata Ben Cardin, de Maryland, de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El reportaje de AP dio la vuelta al mundo en diciembre, detallando la cadena de negocios en la cual estarían involucrados algunos miembros del Ejército venezolano, pagando comisiones a oficiales de alto rango. Algunos alimentos serían comprados en Estados Unidos y es ahí donde el Congreso pondrá la lupa, ya que las operaciones pasan por el sistema bancario norteamericano.
Sobre el caso se encuentran también fiscales federales de EE.UU., afanados en determinar si hubo lavado de dinero, según cuatro fuentes de AP. Hasta ahora, no hay cargos.
Por los republicanos, el senador Marco Rubio exhortó al presidente Trump que tome medidas inmediatas contra los funcionarios del Ejército señalados en la investigación de AP. “Esta debería ser una de las primeras acciones del presidente Trump”, proclamó Rubio, cabeza del subcomité de Relaciones Exteriores para América Latina, a la agencia AP.
En la investigación de la agencia noticiosa se citó documentos y testimonios de dueños de negocios que señalan al ministro de Alimentación, general Rodolfo Marco Torres, y a su predecesor, el general Carlos Osorio, como fichas claves en las operaciones. AP solicitó a ambos que declararan al respecto pero no recibieron respuesta, aunque en el pasado han rechazado estar involucrados en actos de corrupción.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, también solicitó a los departamentos de Estado y Tesoro que se apliquen sanciones. El senador demócrata Bob Menendez pidió identificar a los implicados.