Los lamentables sucesos tuvieron lugar el 4 de septiembre de 2023 en una vivienda ubicada en el bloque 27 de la parroquia 23 de Enero, en Caracas.
Ocultamiento del embarazo y los hechos
La implicada, plenamente consciente de su estado de gestación, decidió mantenerlo en secreto ante sus familiares. Al experimentar dolores abdominales intensos, se aisló en el baño de su residencia, donde inició el proceso de parto. Posteriormente, la mujer alegó que el infante nació sin signos vitales y que, bajo esa premisa, optó por deshacerse del cuerpo lanzándolo por el bajante de basura del edificio.
Tras el incidente, Ravelo acudió al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Ibis Pino, en Sierra Maestra, manifestando sufrir cólicos menstruales. Pese a recibir atención médica, al día siguiente se trasladó a la Clínica Popular de Catia, donde relató a la médico de guardia que había dado a luz en el CDI y que el bebé había nacido sin vida, asegurando además que no le permitieron ver el cadáver.
Engaño en centros de salud y captura
El personal de la Clínica Popular, ante las inconsistencias del relato, procedió a realizar un examen físico y un eco abdominal, los cuales revelaron restos de tejido uterino compatibles con un aborto reciente. Ante esta evidencia, se solicitó la intervención de las autoridades. El director del CDI Ibis Pino desmintió categóricamente la versión de la paciente, aclarando que dicho centro carece de la infraestructura y capacidad técnica para atender partos.
Con esta información, la División de Investigaciones de Homicidios Oeste del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) procedió con la detención de Ravelo Hernández. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladada a la Maternidad Concepción Palacios para recibir atención especializada bajo custodia.
Sentencia definitiva
Las investigaciones forenses del Cicpc confirmaron, mediante la autopsia realizada a los restos del recién nacido, que el bebé nació con vida y que su deceso fue causado por politraumatismos derivados de una caída desde una altura considerable.
El proceso judicial, que se extendió desde el 11 de enero de 2024 hasta el 1 de julio de 2025, concluyó con la declaración de culpabilidad de la acusada. El Tribunal 32º de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó la condena de 30 años de prisión. Asimismo, la sentencia ordena a la Fiscalía Superior de Caracas iniciar una investigación sobre el padre de la condenada para esclarecer si tuvo algún grado de participación en el hecho criminal.
