Afectados de La Guaira viven bajo incertidumbre jurídica

Francys Martínez, abogada y residente afectada de la zona, ha logrado representar a un grupo de aproximadamente 6005 familias que aguardan por directrices claras de parte del Estado. Martínez subrayó que el objetivo de este colectivo no es generar confrontación, sino obtener respuestas precisas que les permitan tomar decisiones sobre su futuro habitacional tras los eventos telúricos registrados el 24 de junio.

La jurista explicó que existen múltiples interrogantes sin resolver, tales como los protocolos para demoliciones, el uso futuro de los terrenos, la disponibilidad de créditos para la reconstrucción o adquisición de nuevos inmuebles, y la realidad jurídica de la propiedad de los suelos. Hasta la fecha, los afectados no han tenido acceso a explicaciones detalladas ni a mesas de trabajo con los organismos competentes.

«No buscamos entorpecer ningún proceso, nuestra prioridad es recibir información clara», enfatizó Martínez. Asimismo, señaló la necesidad de conocer si se implementarán planes especiales para la regularización de documentos y cuáles serán los criterios para acceder a subsidios o financiamientos. Se espera que una reunión programada para este viernes en el ministerio de Obras pueda arrojar luz sobre estas preocupaciones.

Irregularidades en condominios

Además de la crisis habitacional, Martínez denunció el comportamiento de las juntas de condominio en el sector. Según la abogada, estas instancias están realizando cobros excesivos que no se corresponden con la difícil situación económica que enfrentan las familias damnificadas. Ante esta problemática, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que se pronuncien y regulen la actuación de estas juntas, evitando que se impongan cifras exorbitantes a los propietarios, especialmente a aquellos que presentan morosidad debido a la emergencia vivida.