El dictamen, emitido el pasado 27 de julio, instruye al depositario judicial José Alberto Núñez Gutiérrez a realizar la entrega de los bienes muebles e inmuebles que fueron objeto de embargo durante el proceso legal. A partir de este momento, la corporación asumirá la custodia de dichos activos.
De acuerdo con la resolución, esta acción tiene como objetivo principal asegurar la operatividad de una firma cuyos recursos son considerados vitales y estratégicos para el sector de los hidrocarburos en el país.
La compañía contará con la autorización para utilizar y gestionar estos bienes mientras el proceso judicial sigue su curso. Asimismo, la Sala determinó que se nombrará un veedor judicial, cuyos honorarios serán cubiertos por la parte demandada. Este funcionario tendrá la responsabilidad de supervisar que se cumpla la orden, realizar un inventario detallado de los bienes y entregar informes periódicos al tribunal.
Para llevar a cabo la entrega, el TSJ ha comisionado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del estado Zulia, con sede en Cabimas, instancia que deberá ejecutar la devolución conforme a lo estipulado en el fallo.
Es importante recordar que Halliburton cesó sus actividades en Venezuela en 2020, debido a las sanciones internacionales que provocaron el cierre de operaciones y una reducción significativa de su nómina. No obstante, en los últimos meses, la empresa ha retomado contactos preliminares y ha iniciado la búsqueda de personal técnico e ingenieros, lo que apunta a una reactivación gradual de sus labores. En abril pasado, el director ejecutivo de la firma, Jeff Miller, señaló que mantenían conversaciones avanzadas con clientes y recibían consultas frecuentes sobre futuras operaciones.
