“Ya no encuentro qué hacer, a quién recurrir ni a dónde acudir. He realizado tres viajes a Cúcuta para participar en plantones y he asistido al Congreso de la República en Bogotá, donde nos han manifestado que la responsabilidad de su liberación recae exclusivamente sobre el gobierno venezolano”, declaró Aragón con profunda angustia.
En una comunicación telefónica, la madre reiteró que sus hijos llevan un año y cuatro meses privados de libertad de manera injusta. José Luis y Pantaleón, oriundos de Barranquilla, residieron durante un tiempo en Venezuela junto a la familia paterna antes de trasladarse a Aruba, donde se desempeñaron laboralmente en el sector hotelero durante dos años.
Tras decidir retornar a su país de origen, los jóvenes pasaron por Barranquilla para reencontrarse con su madre y su hermano mayor. El 6 de febrero de 2025, se movilizaron hacia Bogotá y posteriormente a Cúcuta, con la intención de cruzar la frontera al día siguiente.
“La mañana del 7 de febrero me llamaron para decirme que estaban por cruzar y me pidieron que orara por ellos”, relató la mujer. Según lo previsto, un familiar los aguardaba en San Antonio del Táchira para facilitar su traslado, pero los hermanos nunca llegaron al punto de encuentro. De acuerdo con el relato materno, fueron interceptados en territorio venezolano por agentes de la DGCIM.
Durante más de tres meses, la familia careció de cualquier noticia sobre su paradero. El primer contacto se logró el 15 de mayo. Aragón señaló que sus hijos solo cuentan con 10 minutos para comunicarse y evitan profundizar en detalles por temor a que sus llamadas sean monitoreadas.
“Los señalan de terrorismo cuando no portaban ni un cortaúñas. Han sido víctimas de golpes y torturas”, sentenció. Además, la madre denunció que, durante el procedimiento de captura, desaparecieron pertenencias y dinero en efectivo que los jóvenes transportaban, incluyendo cerca de 10 millones de pesos, cadenas de oro y anillos.
