El grupo, conformado mayoritariamente por personal proveniente de los estados Anzoátegui y Zulia, se mantenía en las afueras del edificio administrativo desde el lunes 25 de mayo. Los manifestantes denunciaron que su despido fue motivado por razones políticas y señalaron haber sido víctimas de ataques por parte de colectivos afectos al oficialismo.
«Tras la violencia y el amedrentamiento, los funcionarios procedieron con la detención de cinco de nuestros compañeros. Fueron trasladados, aparentemente, hacia La Yaguara, mientras que el resto de los manifestantes se vio obligado a retirarse del lugar», informó Iván Freites, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros y Gasíferos (Sutpg).
Freites condenó enérgicamente estos sucesos y reiteró la necesidad de garantizar la libertad sindical y el derecho al trabajo. Durante la jornada, se hizo público un material audiovisual donde Adriana Caraballo, gerente de Recursos Humanos de Pdvsa La Campiña, sostiene que los empleados de la estatal tienen la obligación de «comulgar con las políticas del Estado venezolano».
En el video, Caraballo explica los lineamientos de contratación y permanencia mientras revisa documentación. Según el dirigente gremial, esta declaración constituye una prueba irrefutable de las denuncias que durante años han realizado miles de trabajadores sobre la persecución política dentro de la corporación.
Esta situación es un capítulo más en una extensa disputa laboral. Muchos trabajadores petroleros fueron cesados de sus cargos tras la huelga de 2002-2003 y en procesos de depuración posteriores. A pesar de que decenas de exempleados han introducido órdenes de reenganche ante las autoridades laborales, la empresa ha hecho caso omiso en múltiples ocasiones.
El suceso ocurre apenas semanas después de la liberación de varios implicados en el caso «Pdvsa-Obrero», donde el Ejecutivo acusó a más de 170 personas de delitos como sabotaje y corrupción. Organizaciones de derechos humanos sostienen que dichas detenciones formaron parte de una estrategia para neutralizar la disidencia laboral. Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni Pdvsa han emitido un pronunciamiento oficial sobre el paradero o la situación legal de los cinco detenidos, mientras familiares y sindicatos exigen su liberación inmediata.
