El planteamiento técnico busca reformar el artículo 8 de la ley vigente. De esta manera, cinco de las salas del máximo tribunal —Político Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— pasarían a contar con cinco magistrados cada una, sumando dos integrantes adicionales a su composición actual. Por su parte, la Sala Constitucional pasaría de tener cinco a siete magistrados.
Esta modificación legislativa coincide con el proceso que adelanta el Poder Legislativo para designar nuevos jueces en la alta corte, con el fin de cubrir las vacantes generadas por jubilaciones y renuncias.
La bancada opositora, representada por el bloque parlamentario Libertad, expresó su rechazo ante la forma en que se presentó la propuesta. El diputado Tomás Guanipa denunció que el proyecto fue entregado apenas una hora antes de iniciar la sesión, calificando la acción como una medida apresurada. “No se trata de nombres ni de cargos, sino de un sistema judicial que requiere una discusión sincera y consensuada para superar la corrupción”, señaló Guanipa, quien además informó que su bloque salvó el voto.
Ante los señalamientos, Jorge Rodríguez instó a los parlamentarios a evitar provocaciones y mantener el enfoque en la agenda legislativa. En el ámbito externo, organizaciones como Provea han manifestado su preocupación a través de redes sociales, exigiendo que cualquier reforma judicial sea transparente, amplia y respete los principios constitucionales, evitando que se prioricen intereses ajenos a las necesidades de las víctimas y la academia.
Cabe recordar que, desde el pasado mes de abril, se instaló una comisión especial encabezada por Delcy Rodríguez para llevar a cabo una consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal, con el objetivo declarado de combatir el retardo procesal y las irregularidades dentro del sistema judicial.
