«No se trata únicamente de un ajuste salarial, sino de establecer un conjunto de políticas que garanticen la protección del trabajador, tal como ha señalado la presidenta, bajo un esquema de responsabilidad», enfatizó Pérez.
El impacto de las sanciones
El primer punto de consenso entre las centrales sindicales es la urgencia de levantar las medidas coercitivas unilaterales. Según Pérez, esto permitiría que los ingresos nacionales aumenten, facilitando así una mejora en las condiciones de vida de las familias trabajadoras y el fortalecimiento de los programas de seguridad social.
Progresividad y homologación
El segundo consenso alcanzado es la necesidad de un incremento salarial de carácter progresivo. Pérez fue enfático al desmarcarse de quienes generan expectativas infundadas, señalando que la propuesta sindical busca un aumento real acompañado de la homologación de las primas de profesionalización y antigüedad para todo el personal de la administración pública.
Propuesta de esquema mixto
Finalmente, existe acuerdo en implementar un modelo mixto. Ante la limitación presupuestaria del Estado para un aumento salarial de gran magnitud, se propone complementar el sueldo con ajustes en los bonos de alimentación y de guerra económica. Pérez subrayó que, de concretarse este ingreso, se debe incentivar el bono vacacional y los aguinaldos tomando como referencia el bono de guerra, buscando beneficiar tanto al sector público como al privado.
