“Las autoridades venezolanas deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”, manifestó Ramdin en un mensaje difundido a través de X.
El proceso para nombrar a un nuevo fiscal y defensor en Venezuela se activó luego de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dimitieran de sus respectivos cargos en febrero pasado.
Asimismo, el secretario señaló que la selección de nuevas autoridades que brinden “garantías de independencia” podría significar un avance hacia la “reconciliación nacional y la transición democrática”.
La Asamblea Nacional (AN) comunicó el pasado viernes 27 la recepción de 21 postulaciones adicionales: 18 para el cargo de defensor del pueblo y tres para el de fiscal general.
Entre los aspirantes más recientes se encuentra el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien también se había inscrito inicialmente para el mismo cargo pero luego retiró su candidatura.
En la lista de candidatos para la Defensoría del Pueblo también figura la exdiputada opositora Marialbert Barrios. En total, se han recibido 78 postulaciones para este cargo, mientras que para la Fiscalía General se contabilizan 76.
Desde el inicio del proceso, más de una decena de organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la “ausencia de reglas claras y públicas” en cuanto al procedimiento y los criterios de evaluación para la designación de los titulares.
Adicionalmente, dos relatoras de derechos humanos de la ONU también han exhortado al Gobierno a asegurar que los nuevos fiscal general y defensor del pueblo sean elegidos en función de sus méritos y la integridad demostrada.
