A través de una publicación en la red social X, Satterthwaite afirmó: “Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad demostrados sean la base para el nombramiento de fiscal general y defensor del pueblo del país el 27 de marzo”.
La relatora subrayó la importancia fundamental de ambas posiciones para la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. En este sentido, instó a que “la Asamblea Nacional y todos los actores involucrados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de conformidad con las normas aplicables”.
Esta declaración surge un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, argumentara una falta de acuerdo para nombrar a los responsables del Poder Ciudadano. Por ello, pidió una extensión de 48 horas para que el comité reevalúe las credenciales ya recibidas y considere nuevas postulaciones.
El pasado 25 de febrero, la Asamblea Nacional aceptó las dimisiones de Tarek William Saab como fiscal general y de Alfredo Ruiz como defensor del pueblo. Tras ello, se conformó un comité para examinar las credenciales de más de 130 aspirantes inscritos en los plazos establecidos.
No obstante, distintas organizaciones han denunciado que el proceso presenta vicios de origen, ya que, según la Constitución, el comité debió ser convocado y establecido por el Poder Ciudadano y no por el parlamento. Además, han criticado la ausencia de un cronograma público y de un baremo claro para la evaluación de los candidatos.
