Según la información oficial, el médico de 36 años prestaba servicios en un centro de salud familiar (Cesfam), lugar donde habría ocurrido el presunto delito contra una joven de 20 años. El imputado carecía del requisito fundamental para poder ejercer su profesión dentro del sistema de salud público chileno.
Karin Solís, secretaria regional de Salud, detalló que el acusado tampoco poseía una autorización vigente emitida mediante resolución sanitaria, un aspecto que actualmente está bajo revisión.
Médico venezolano laboraba sin permisos legales
En consecuencia, la autoridad sanitaria ha instruido al municipio para que reúna todos los antecedentes administrativos y legales relacionados con el caso.
Solís añadió que, una vez que se reciba toda la documentación, se abrirá un sumario sanitario por el posible incumplimiento de una normativa clave que certifica a los profesionales para realizar funciones clínicas.
La funcionaria destacó que estas normativas son cruciales para proteger la calidad y seguridad en la atención que reciben los usuarios del sistema de salud.
Por otro lado, el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, comunicó que desde el momento en que se conoció la denuncia, el municipio implementó los protocolos pertinentes y separó al médico de sus funciones.
Asistencia a la víctima de abuso
Se informó que el ciudadano venezolano estaba contratado bajo la modalidad de honorarios, con un acuerdo vigente hasta el 28 de febrero.
El líder municipal explicó que personal de la Corporación Municipal brindó acompañamiento a la víctima ante la Fiscalía, la policía y en el Hospital de Ancud para la constatación de lesiones. Además, se ha mantenido comunicación directa con la madre de la joven y con los responsables de la empresa que presta el servicio.
La autoridad local reiteró que el caso ya está en manos de la justicia y se encuentra bajo una investigación administrativa paralela.
El ayuntamiento ha proporcionado las medidas de protección necesarias para la víctima mientras el proceso legal sigue su curso.
Como medidas cautelares, se dictaminó arraigo nacional para el acusado, lo que le impide salir del país, y una prohibición de acercarse a la víctima.
Se ha fijado un plazo de 60 días para la investigación, la cual estará a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ancud.
