Esta disposición, cuya vigencia fue prolongada el pasado 18 de febrero, representa la continuación de una orden ejecutiva que se ha mantenido activa desde el año 2015.
Mediante su perfil en Instagram, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, comunicó que dicha extensión carece de justificación real y se apoya en premisas que no se corresponden con la realidad.
De acuerdo con el comunicado oficial de Caracas, esta política únicamente contribuye a sostener un clima de confrontación bilateral, en lugar de promover una relación basada en el entendimiento.
Una disposición sin base
El texto oficial subraya que, a once años de la promulgación del decreto original por el entonces presidente Barack Obama, ha quedado en evidencia que Venezuela no constituye amenaza alguna para la población o la administración estadounidense.
El comunicado describe como «insólito» que se insista en la calificación de amenaza inusual, sosteniendo que se trata de una resolución fundamentada exclusivamente en consideraciones políticas.
Exhortación al diálogo y la consideración
El Gobierno de Venezuela instó a la administración de los Estados Unidos a modificar su estrategia en las relaciones diplomáticas. Se exhortó a Washington a deponer las acciones unilaterales y a iniciar una nueva fase de respeto mutuo, libre de injerencias en asuntos internos.
Para concluir, el comunicado resalta la relevancia de restaurar los lazos históricos y culturales que unen a ambas sociedades. La propuesta venezolana se centra en progresar hacia un diálogo franco que respete la soberanía de cada país y que se oriente a la obtención de beneficios equitativos para ambas naciones.
