En el esquema oficial, la responsabilidad recae inicialmente en el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional Bolivariana. No obstante, si la magnitud de las protestas sobrepasa su capacidad, se activa la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana. Carvajal enfatizó que, a pesar de existir estructuras administrativas para estos fines, era Maduro quien tomaba todas las determinaciones finales, manteniendo un contacto directo con los mandos de la PNB y la GNB para coordinar las tácticas de orden público.
Quien fuera el jefe de los servicios de inteligencia venezolanos sostuvo que estas acciones representan un ataque sistemático y planificado contra la sociedad civil por razones ideológicas. De acuerdo con su testimonio, el objetivo central era la permanencia en el poder, utilizando una estrategia que combinaba irregularidades electorales, el sometimiento mediante la fuerza y el hostigamiento a la dirigencia opositora para forzar su encarcelamiento o el destierro.
“Es fundamental comprender que dentro de la estructura del régimen, ninguna instrucción de carácter ilegal se entregaba por escrito. Se trataba de instrucciones verbales directas. Por este motivo, la comprobación de estas políticas de Estado contra la población depende crucialmente de los testimonios directos a los que pueda acceder este organismo”, precisó el exoficial.
Finalmente, Carvajal recalcó que su conocimiento proviene de más de siete años al frente de la inteligencia militar durante el mandato de Hugo Chávez y los primeros meses de la gestión actual. Aseguró que, dada la naturaleza del sistema, ningún ministro actuaría de forma que se produjeran decesos en las calles, ni siquiera de manera accidental, sin contar con la autorización expresa del jefe de Estado.
