«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra el período de violencia política desde 1999 al presente. Encargo a la Comisión para la Revolución de la Justicia y al programa para la Convivencia Democracia para la Paz para que las próximas horas presenten la ley ante la Asamblea Nacional», expresó.
En el marco de la apertura de actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez indicó que la propuesta persigue el fomento de la convivencia social y la reconciliación. Afirmó además que la decisión fue previamente consensuada con Nicolás Maduro.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y la convivencia entre los venezolanos», agregó.
La funcionaria especificó que la medida no amparará a personas procesadas o sentenciadas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
«Pido entonces, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y el Programa de Convivencia se activen en los próximos días, pueda la Asamblea Nacional dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley de amnistía general para Venezuela», declaró.
Asimismo, hizo un llamado a la creación de un «nuevo sistema de justicia» en el país, en un contexto donde el aparato judicial actual es criticado por ONG y la oposición por su presunta parcialidad. La funcionaria exhortó a los presos políticos, incluyendo a los que han sido excarcelados, a evitar que «se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Amnistías fallidas
Este anuncio surge en medio de un continuo proceso de liberaciones que comenzó el 8 de enero, con la intención de anular las causas penales de los presos políticos, en un escenario de presiones tanto nacionales como internacionales sobre las detenciones por motivos políticos en Venezuela.
El país carece de un precedente de una amnistía general de la magnitud de la que se anuncia. De ser aprobada por el parlamento, resultaría en la extinción masiva de procesos penales de índole política. El antecedente más próximo data de 2020, cuando la administración de Nicolás Maduro concedió indultos presidenciales a 110 opositores, algunos detenidos y otros en el exilio, incluyendo legisladores y colaboradores de la oposición. Esta fue una acción de clemencia selectiva, no una amnistía amplia, y fue criticada por su limitado alcance y la legitimidad de su emisor.
En diciembre de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) promulgó una ley de amnistía que benefició a los implicados en el intento de golpe de Estado de 2002 en su contra.
Posteriormente, en 2016, la Asamblea Nacional, en ese momento bajo control opositor, sancionó una ley de amnistía que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, impidiendo su aplicación.
