La firma del documento se llevó a cabo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Allí, Rodríguez se dirigió a una concentración de trabajadores de la industria petrolera, ante quienes enfatizó la trascendencia política y simbólica de la nueva normativa.
“Estoy de verdad demasiado emocionada, en esta ley está la impronta del comandante (Hugo) Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos, en esta ley está la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro”, manifestó la funcionaria.
La presidenta encargada destacó que todo el proceso de ajuste y modernización de la ley se efectuó en comunicación directa con Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York tras su captura por parte de fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
“Presidente Maduro estamos cumpliendo con usted”, aseguró Rodríguez en su alocución.
Además, hizo hincapié en que la reforma consiguió un amplio consenso político en el seno del Legislativo, al contar con el voto favorable de todos los diputados, incluidos los miembros de la bancada opositora.
Rodríguez afirmó que con esta nueva estructura legal, el país busca alinearse con las “mejores prácticas internacionales” para convertir su industria petrolera en una “gran industria energética”.
La aprobación de la reforma por parte de la Asamblea Nacional este jueves se enmarca en una estrategia para captar inversiones privadas y capital foráneo para el sector, en un escenario internacional influenciado por el interés del mandatario estadounidense, Donald Trump, en la reactivación de las infraestructuras energéticas venezolanas.
Tras un debate de casi dos horas, el cuerpo legislativo aprobó modificaciones sustanciales a la ley, que fue promulgada originalmente en 2001 y reformada en 2006 por el fallecido presidente Hugo Chávez para incrementar la participación y el control estatal en la actividad petrolera.
Las enmiendas recién sancionadas permiten la participación del sector privado en áreas fundamentales como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento de crudo, además de facilitar la llegada de inversión extranjera. El nuevo texto también establece la opción de dirimir conflictos “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes”.
