Estos cuatro supuestos miembros de la banda criminal fueron arrestados en territorio español y colombiano. Entre ellos figura Lissette Ysabel Rojas Guevara, quien era una de las personas más buscadas por las autoridades chilenas, según un comunicado emitido por Interpol el 29 de diciembre.
Rojas Guevara fue aprehendida el 7 de noviembre en la localidad murciana de Molina de Segura, al sureste de España. Esta detención se enmarcó en una operación más amplia en la que, de acuerdo con la Policía española, fueron arrestados cincuenta y dos individuos vinculados al «Tren de Aragua».
Chile la buscaba por su presunta participación en un esquema de fraude con criptomonedas, valorado por las autoridades chilenas en más de 138 millones de dólares. Se sospecha que este esquema era utilizado para el blanqueo de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico y la extorsión, con ramificaciones en Chile, Colombia, Venezuela y la Península Ibérica.
La iniciativa de Interpol, en el contexto del programa EL PACCTO 2.0, busca establecer una red internacional permanente de investigadores de fugitivos, financiada por la Unión Europea (UE). Esta operación también condujo a nueve arrestos en Chile, de los cuales cuatro eran ciudadanos chilenos buscados por su propio país y cinco eran reclamados por otras naciones.
En Portugal, fue capturado el ciudadano brasileño Daniel Dago, presuntamente ligado al grupo criminal Primeiro Comando da Capital (conocido como PCC). Su detención facilitó el desmantelamiento de un corredor de tráfico de cocaína que operaba desde Sao Paulo hacia Europa.
En Ecuador, la cooperación entre la policía local y la unidad de apoyo a la investigación de fugitivos de Interpol permitió la captura del prófugo lituano LG, buscado en su país por delitos de narcotráfico.
Los diecisiete países participantes en la operación (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, Panamá, Perú, Portugal y España) habían celebrado reuniones en El Salvador y Ecuador en junio y noviembre. El objetivo era identificar a los fugitivos más peligrosos, buscados por crímenes violentos o por sus conexiones con el crimen organizado transnacional.
Entre los ochenta y cinco arrestados, diecinueve eran buscados por asesinato, veintinueve por tráfico de drogas, veintiocho por delitos contra menores y siete por violación. También se encontraban individuos reclamados por trata de personas, blanqueo de capitales o delitos relacionados con organizaciones criminales.
