El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló directamente al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, como responsable del suceso. Según el alto funcionario, el ataque se ejecutó mediante un vehículo cargado con explosivos, el lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil, resultando en la muerte de dos civiles y un policía herido.
Sánchez calificó el hecho como una muestra del «desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión». Añadió que esto es consecuencia de la «presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía».
Las autoridades colombianas han dispuesto una recompensa de hasta 200 millones de pesos, equivalentes a unos 52.000 dólares, para quienes proporcionen información que permita anticipar y evitar hechos similares.
«Mi solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección», expresó el ministro Sánchez.
Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó que la violencia intente «arrebatarle la tranquilidad» a comunidades como las de Suárez, de donde es oriunda la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez. El gobernador rechazó enfáticamente el atentado contra la estación de Policía en el Cauca, afirmando que «la violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo» y subrayó la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en el departamento.
