La medida sustituye la normativa vigente desde noviembre de 2022, con la finalidad de actualizar los costos de las operaciones bancarias, tanto en moneda nacional como extranjera, luego de casi tres años sin modificaciones
De acuerdo con el aviso, los bancos, casas de cambio y proveedores no bancarios de puntos de venta deberán ajustar sus tarifas a los nuevos límites definidos por el ente emisor. Entre los principales cambios destacan los nuevos montos para la emisión de tarjetas de crédito, transferencias, consultas y retiros en cajeros automáticos.
La emisión de estados de cuenta y transferencias en bolívares tendrá un costo máximo de 8 bolívares, mientras que el retiro en cajeros de otro banco se cobrará con una comisión del 5%del monto retirado y el retiro en cajeros del mismo banco con un 3%.
En cuanto a los avances de efectivo con tarjeta de débito, la comisión se fija también en 8 bolívares, y la emisión de tarjeta de crédito titular tendrá un costo máximo de 491 bolívares.
Para las operaciones por pago móvil interbancario, el BCV estableció que las transferencias entre personas podrán tener una comisión de hasta 0,30% del monto, con un mínimo de 2 bolívares. Las operaciones entre personas y comercios podrán alcanzar hasta 2%, dependiendo del tipo de transacción.
En el caso de las operaciones en moneda extranjera, se mantiene el 1,5% de comisión para consumos internacionales con tarjetas de débito o prepagadas, mientras que las transferencias internacionales tendrán un costo que oscila entre 21 y 30 euros, según el destino.
Las casas de cambio, por su parte, continuarán cobrando un 4% por envío o recepción de remesas electrónicas, y hasta un 5% por la compra de divisas en efectivo. Las ventas de moneda extranjera en efectivo seguirán exentas de comisión.
Asimismo, el BCV fijó un nuevo tope de 3.521,60 bolívares mensuales para el reembolso de costos operativos de los terminales de puntos de venta, monto que deberán pagar los comercios por cada equipo instalado.
Con esta actualización, el instituto emisor busca adecuar las tarifas del sistema financiero a la realidad económica del país, garantizando —según explicó en el documento— un equilibrio entre la sostenibilidad operativa de las instituciones y la protección de los usuarios bancarios.
