La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo este viernes 27 de junio que representa una victoria significativa para la Administración de Donald Trump, al levantar los bloqueos impuestos por tribunales menores a su intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta decisión, respaldada por una mayoría conservadora de 6 a 3, podría tener amplias repercusiones en las numerosas demandas contra las políticas del expresidente.


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Corte Suprema de EE. UU. Levanta Bloqueos a la Orden de Trump sobre Ciudadanía por Derecho de Nacimiento
Fallo judicial favorece políticas migratorias del expresidente

Alcance del Fallo: Jurisdicción, No Mérito
Es crucial destacar que la decisión de la Corte Suprema no se pronuncia sobre los méritos del decreto en sí, el cual busca restringir el derecho automático a la ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. En cambio, el fallo se limita a la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad de sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.
Específicamente, la Corte evaluó los bloqueos nacionales temporales a la orden de Trump dictados por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes habían determinado que el presidente carecía de la autoridad para cambiar o restringir la Constitución.
La Opinión de la Mayoría
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, en la opinión de la mayoría, argumentó que «los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el Poder Ejecutivo», sino que «resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso». Barrett enfatizó que cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, «la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder».
Barrett fue un voto clave en esta decisión, ya que durante la presentación de argumentos en mayo, había cuestionado por qué el Gobierno pidió al Supremo evaluar cuestiones técnicas y no los fundamentos del decreto, un punto sobre el que el Supremo no se pronunció hoy. La jueza afirmó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento, cuya aplicación está en pausa temporal en todo el país mientras se revisan los casos, «no entrará en vigor hasta 30 días después de la fecha de esta opinión».
Según expertos, este retraso podría ofrecer un margen para que los querellantes consideren presentar demandas colectivas en lugar de individuales como otra vía para impugnar la orden ejecutiva de Trump.
Voces Disidentes: Una Amenaza al Estado de Derecho
Las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento afectarían a unos 255.000 bebés al año, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales sostienen que este es un derecho constitucional arraigado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.
lLa jueza liberal Sonia Sotomayor anunció su voto discrepante desde el estrado este viernes, un gesto inusual que denota su profundo desacuerdo. «El Estado de derecho no se da por sentado en esta nación ni en ninguna otra. Es un precepto de nuestra democracia que solo perdurará si quienes tienen el coraje suficiente, en cada rama (del Gobierno), luchan por su supervivencia. Hoy, la Corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo», declaró Sotomayor.
En su opinión de disenso, la jueza liberal Ketanji Brown Jackson insistió en que el fallo permitirá al Ejecutivo violar los derechos constitucionales de todas las personas que no estén nombradas en las demandas, lo que, en su opinión, representa una «amenaza existencial para el Estado de derecho» en EE. UU. Brown advirtió que al presentar ante el Supremo estas cuestiones técnicas sobre la autoridad de las cortes y no el mérito de la orden ejecutiva, el Gobierno busca crear «una cortina de humo» para ejercer «el poder arbitrario e incontrolado que los Padres Fundadores de Estados Unidos buscaron erradicar con la Constitución».
La limitación de la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del republicano, quien regresó al poder el 20 de enero con una política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.