El hecho se suscitó en horas de la noche en el sector La Misión, municipio Cabimas, cuando los funcionarios castrenses adscritos a la Unidad de Investigación Criminal COL, se encontraban realizando trabajos de inteligencia y de campo referentes a la investigación del caso de los artefactos explosivos lanzados a la sede de la CONAS y GAES (U.I.C-COL).
Fuentes policiales le identificaron al delincuente como: Gary David Naveda Laguna, de 23 años, alias «El Davisito”, quien al verse descubierto por la comisión militar desenfundó su arma de fuego y sin mediar palabras arremetió contra los funcionarios. En el intercambio de balas, resultó herido y aunque fue trasladado al hospital de Cabimas, falleció minutos después su ingreso.
Se supo que «El Davisito», se encontraba relacionado directamente con los actos terroristas en contra de la *U.I.C-COL* y que también estaba incurso de acuerdo a investigaciones, en la presunta comisión del delito de extorsión, llevada e investigada por el mismo organismo.
Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38, diez envoltorios de presunta droga denominada marihuana que llevaba en los bolsillos del pantalón y un equipo telefónico android que será investigado y analizado por las autoridades.
Según la minuta policial, Naveda Laguna era investigado por ser señalado como el encargado de arrojar los artefactos explosivos (granadas) a establecimientos comerciales, incluso cometer sicariatos y extorsión a sus víctimas; este presunto delincuente tenía planes recientes de atentar en contra de comerciantes influyentes de la zona, recibiendo ordenes directas de Alias «El Wisi», quien funge dentro de la organización como mano derecha de alias *El Adrián*, líder del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO).
Según autoridades, las ordenes son emitidas desde Colombia, país en el que estos hombres dirigen esta estructura delictiva junto con líderes negativos privados de libertad en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas (Retén de Cabimas), quienes se autodenominan «PLAN B», manteniendo azotados a los pobladores, pequeños y grandes comerciantes que hacen vida activa en la Costa Oriental del Lago del Estado Zulia.
Del caso tuvo conocimiento el Ministerio Público.
