Esta medida tiene un coste de 41 millones de euros, según las estimaciones oficiales sobre los tickets que se dejarán de vender para autobuses, trenes o tranvías del país.
Las expendedoras han sido ya retiradas, aunque sigue siendo importante llevar una documentación que identifique a los usuarios, han advertido las autoridades.
La única excepción es el tren de primera clase y también los viajes al extranjero, aunque los luxemburgueses que trabajen fuera del país se beneficiarán de tarifas reducidas en los trayectos más frecuentes como las líneas de tren Nancy-Metz-Luxemburgo, Arlon-Luxemburgo o Tréveris-Luxemburgo.
Las autoridades han subrayado que esta medida permitirá además al personal concentrarse en tareas como la seguridad o prestar información adecuada a los usuarios.
En 2017 seis de cada diez personas iban al trabajo en vehículos privados y el objetivo es que se reduzca a 46% con el fomento del transporte público, la bicicleta o los autos compartidos.
Mientras, una encuesta de la televisión luxemburguesa RTL apunta a que 30% de los ciudadanos no renunciarán a sus vehículos de forma habitual pese a la gratuidad del transporte público.
