Entre las consideraciones del acuerdo destacan que “la puesta en circulación del petro representa una obligación para quien emite, ello equivale a la contratación de deuda públicarespaldada por un activo nacional, como lo son las reservas petroleras. Esto está taxativamente prohibido en el artículo 12 constitucional el cual establece que ‘los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles’”.
Durante la sesión, el diputado Carlos Valero aseguró que “las criptomonedas crean burbujas que pueden arruinar a la gente. El Gobierno sólo quiere evadir el control de este Parlamento sobre el endeudamiento para resolver la crisis”.
“Mediante la activación del petro intenta evitar el control sobre las operaciones de deuda pública, establecido en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dice el acuerdo.
Agrega que “la eventual emisión del petro agravará el peso del servicio de la deuda externa sobre las finanzas públicas, con lo cual se profundizará el ya precario estado de las cuentas fiscales”.
