El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, denunció este sábado lo que consideró una «detención arbitraria» contra el magistrado designado por el Parlamento, Ángel Zerpa.


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📅 11 Junio – 19 Julio 2026
AN denuncia detención de magistrado Ángel Zerpa

(Lea también: Asamblea Nacional designó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia)
A través de su cuenta en Twitter Borges señaló que «no hay justificación alguna para el secuestro del magistrado Ángel Zerpa por los cuerpos de seguridad del Estado».
Zerpa es uno de los abogados defensores de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el antejuicio de mérito que lleva en su contra el Tribunal Supremo de Justicia.
A continuación el pronunciamiento íntegro publicado por la Asamblea Nacional:
La Policía política (SEBIN) detiene arbitrariamente a Magistrado del
Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional y
amenaza con efectuar otras detenciones
El día de hoy, 22 de julio de 2017, el SEBIN detuvo al Dr. Ángel Zerpa,
Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia designado el 21 de julio de
2017, lo cual representa una grave violación de la Constitución y pone en
serio riesgo los derechos del Dr. Zerpa. El Dr. Zerpa fue designado
Magistrado por el órgano competente para hacerlo, después de seguir el
procedimiento constitucional y legal, con base en las postulaciones
recibidas en el Comité de Postulaciones Judiciales y en el baremo que éste
aplicó. Además, sobre los restantes Magistrados designados el 21 de julio
pende la amenaza de sufrir sendas privaciones ilegítimas de la libertad.
Tanto el Dr. Zerpa como los demás Magistrados que fueron elegidos por la
Asamblea Nacional el 21 de julio son ilustres venezolanos cuyas
credenciales profesionales y académicas les hicieron merecedores de tal
designación, los cuales están contribuyendo con la construcción de la
institucionalidad democrática y la superación de los vicios que la han
menoscabado.
Esta actuación del SEBIN, avalada por anticipado y a ciegas por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es una continuación del
golpe contra la Asamblea Nacional y la Constitución que ha perpetrado
Nicolás Maduro y los órganos que le están servilmente subordinados.
Forma parte de la agresión contra los derechos de los venezolanos que
implica la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, que pretende ser
impuesta con el respaldo del uso de las armas, de la jurisdicción militar y
de la negación de todas las expresiones genuinas de la soberanía popular.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agente
fundamental de la destrucción del orden constitucional en Venezuela, dictó
el 20 de julio de 2017 la sentencia Nº 545 mediante la cual declaró la
nulidad del correspondiente procedimiento de designación y advirtió sobre
999
las posibles responsabilidades penales relacionadas con la asunción de las
respectivas funciones. Más aún, en rueda de prensa el Presidente de la Sala
Constitucional señaló que quienes fueran juramentados como Magistrados
incurrirían en delito flagrante y deberían ser detenidos.
No obstante, dicha sentencia de la Sala Constitucional es nula por haber
sido suscrita mayoritariamente por Magistrados cuya designación fue
anulada por la Asamblea Nacional en julio de 2016 y que, adicionalmente,
no podían pronunciarse en una causa en la que tienen evidente interés, al
estar en entredicho su permanencia en el cargo y al ventilarse
irregularidades de las que fueron cómplices durante el procedimiento
fraudulentamente desarrollado en diciembre de 2015.
Por otra parte, se ha violado abiertamente el debido proceso y la
independencia judicial, pues el Dr. Zerpa y demás Magistrados designados
el 21 de julio de 2017 han sido condenados de antemano por el Presidente
de la Sala Constitucional, desfigurando las garantías fundamentales del
proceso penal, hasta tal punto que la Sala Constitucional llegó a adelantar
la posibilidad de que los Magistrados juramentados sean juzgados por
tribunales militares.
Como Junta Directiva de la Asamblea Nacional exigimos que los órganos
del Estado se abstengan de llevar a cabo otras acciones contrarias a los
derechos humanos, que generan responsabilidad personal incluso cuando
median órdenes superiores (artículo 25 de la Constitución). Asimismo,
exigimos la actuación de la comunidad internacional frente a esta escalada
represiva que desconoce completamente los derechos humanos y el Estado
de Derecho. Requerimos igualmente que cese de inmediato la detención del
Dr. Ángel Zerpa.
La Asamblea Nacional seguirá avanzando firmemente en la renovación
institucional y en el cumplimiento de los compromisos asumidos, de
acuerdo con la Constitución.