Se trata de una de las primeras medidas internacionales que salvaguardan las condiciones de la diáspora venezolana. Entre los considerandos del decreto, publicado por el diario oficial El Peruano, se destaca que “la Constitución Política del Perú, en su artículo 1 señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y que la Carta Magna peruana además “dispone que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera índole”.
El texto señala que la acción ejecutiva se toma “en aras de proteger y asegurar los derechos de las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en Perú” y establece lineamientos para acceder al permiso: haber ingresado al Perú de manera legal antes de la entrada en vigencia de la disposición que excluye a la República Bolivariana de Venezuela del Convenio Mercosur y presentar la solicitud en el plazo previsto antes mencionado y no tener antecedentes penales o judiciales nacionales ni internacionales.
Las solicitudes serán resueltas por las distintas sedes de la Gerencia de Servicios Migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones. El permiso brinda a las personas beneficiarias la exoneración del pago de multas y de ciertas modificaciones en las tasas de migraciones.
En el decreto se destaca la validez del permiso y su significado: “El PTP se otorgará por un año y podrá ser prorrogado automáticamente hasta la entrada en vigencia de la Ley de Migraciones o hasta que se regularice la situación política en la República Bolivariana de Venezuela”.
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