Los juristas instaron a «desconocer en cada circuito judicial, y ante los palacios de justicia, a los magistrados del TSJ y las sentencias por ellos dictadas».
En rechazo a «la violación de la Democracia, la Constitución y el Estado de Derecho» se proclamaron los Colegios Nacionales de Abogados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia.
El Bloque Constitucional y las organizaciones no gubernamentales Fundeci, Foro Penal, la Federación Interamericana de Abogados, el Fondo de Acción Social y estudiantes de Derecho y de Comunicación Social se unieron al repudio del abuso «intencional, público, notorio y sistemático» por parte del máximo órgano judicial.
