En el memorando entregado a la corte, los fiscales federales instaron al juez a desestimar la petición de la defensa, argumentando que ninguna modalidad de fianza sería suficiente para garantizar la presencia de Flores en las audiencias judiciales. La Fiscalía subrayó que, dada la magnitud de los recursos económicos, las conexiones internacionales y la gravedad de los cargos imputados, el riesgo de evasión es considerado extremo.
Asimismo, el Ministerio Público estadounidense advirtió sobre la capacidad que mantiene el entorno de Flores para ejercer presiones, violencia o intimidación contra testigos potenciales, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, utilizando para ello redes estatales y estructuras organizadas. Por su parte, la defensa de la mujer de 69 años había solicitado a inicios de mes su traslado a una residencia privada en Nueva York bajo un esquema de arresto domiciliario, el cual incluía vigilancia armada permanente, monitoreo electrónico y restricciones severas en sus comunicaciones.
En su defensa, Flores ha alegado la necesidad de recibir un tratamiento médico especializado por afecciones cardíacas, argumentando que el centro de reclusión federal donde se encuentra desde el pasado 3 de enero no dispone de las condiciones requeridas para su atención. No obstante, el proceso judicial conjunto contra Flores y Maduro sigue su curso, con una fecha de inicio fijada para el 1 de junio de 2027.
Ambos enfrentan acusaciones de gran envergadura, que incluyen conspiración para la importación de cocaína, así como posesión de armamento de guerra y artefactos explosivos, vinculados a una red de narcoterrorismo y corrupción que, según la investigación, se ha extendido por más de dos décadas. En caso de ser hallada culpable, Flores podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, pudiendo alcanzar una sentencia de cadena perpetua.
