No obstante, diversos expertos enfatizan que será indispensable contar con una supervisión efectiva por parte de un organismo regulador para prevenir irregularidades en los acuerdos contractuales.
Durante un foro organizado por la Cátedra Libre Andrés Bello de Ética Cívica de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la abogada especialista en el sector inmobiliario, Cora Farías, destacó que el propósito fundamental de esta legislación es restaurar la confianza, incentivando a los propietarios a reintegrar sus inmuebles al mercado de arrendamiento.
La premisa es clara: una mayor oferta de viviendas disponibles fomentará una competencia que podría estabilizar o incluso disminuir los costos mensuales de alquiler. Pese a esto, Farías hizo un llamado de atención sobre la necesidad de controles estrictos para evitar distorsiones, señalando que es vital la existencia de un ente que vigile el cumplimiento de las tarifas y evite abusos.
Puntos clave de la normativa
La legislación, promulgada en agosto de 2026, introduce límites específicos en los ajustes de precios. La norma estipula que solo se permite un incremento en el canon durante la vigencia del contrato, el cual puede pactarse por periodos flexibles, desde un mes en adelante, según el acuerdo entre las partes.
Asimismo, se ratifica la libertad de pago en la moneda acordada, ya sea bolívares, dólares, euros o criptomonedas. Es fundamental subrayar que esta ley no posee carácter retroactivo; por lo tanto, solo los contratos suscritos a partir del 7 de agosto de 2026 están sujetos a este régimen especial. Intentar aplicar estas condiciones a contratos previos resultaría en litigios innecesarios, por lo que la especialista recalca que cualquier nueva contratación debe realizarse entre partes distintas a las del acuerdo anterior.
Equilibrio entre propietarios e inquilinos
Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Diana Rodríguez, subrayó que el objetivo de la ley es corregir desequilibrios históricos sin favorecer excesivamente a ninguna de las partes. La intención es alcanzar la equidad, permitiendo que las condiciones se establezcan claramente en el contrato, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los acuerdos, incluyendo la devolución de depósitos en la divisa pactada originalmente.
En conclusión, si bien esta ley establece las bases para dinamizar el mercado y ofrecer opciones más accesibles, el éxito de la medida dependerá de una regulación constante y de la correcta redacción de los contratos para proteger tanto al arrendador como al inquilino.
