Asamblea Nacional aprueba reforma clave para renovar el Tribunal Supremo de Justicia

La modificación legal incrementa de 21 a 23 el número de integrantes que conformarán dicho Comité. Bajo este nuevo esquema, la composición se distribuirá entre 11 diputados de la actual Asamblea Nacional y 12 representantes provenientes de la sociedad civil, otorgando a estos últimos la mayoría dentro de la instancia encargada de evaluar a los aspirantes.

El proyecto estipula que los 23 miembros serán seleccionados mediante el voto de las dos terceras partes de la plenaria parlamentaria, estableciendo además que el Comité tendrá una vigencia operativa de dos años. Asimismo, se contempla la creación de una Comisión Preliminar, conformada exclusivamente por los 11 diputados, cuya responsabilidad será convocar, recibir y realizar la preselección de los miembros de la sociedad civil que se sumarán al Comité.

La normativa exige que el proceso de convocatoria sea público, transparente y difundido ampliamente a través de diversos canales, incluyendo el portal web oficial del Poder Legislativo y anuncios en tres diarios de circulación nacional. Además, se enfatiza que el proceso de selección debe garantizar la paridad de género y fomentar la inclusión de sectores vulnerables o históricamente marginados.

Pasos hacia la renovación del sistema judicial

Esta reforma legislativa constituye el primer avance concreto derivado del acuerdo suscrito el pasado 12 de agosto entre representantes del gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, con el objetivo de lograr una reestructuración integral del sistema de justicia y del TSJ.

El consenso alcanzado en la mesa de diálogo priorizó la modificación de las leyes vigentes para ampliar el Comité de Postulaciones y asegurar una representación mayoritaria de la sociedad civil como paso previo a la elección de los nuevos magistrados. Una vez que la reforma sea publicada en Gaceta Oficial, la Asamblea Nacional deberá proceder de inmediato con la conformación de la Comisión Preliminar para iniciar el procedimiento constitucional destinado al nombramiento de los magistrados y sus órganos auxiliares.