De acuerdo con cifras proporcionadas por TRAC Immigration, para inicios de abril, Florida reportaba una población diaria que superaba los 5,000 detenidos. Muchos de estos ciudadanos fueron aprehendidos durante controles de tránsito o procedimientos rutinarios, a pesar de haber residido en el país durante décadas.
Análisis jurídico de la sentencia
Los magistrados del tribunal de apelaciones determinaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba aplicando una interpretación del término «solicitar admisión» que no se alinea con lo estipulado por el Congreso. En su dictamen, la corte enfatizó la diferencia fundamental entre quienes se presentan en un puerto de entrada y aquellos que ya se encuentran establecidos en el interior del territorio.
«El gobierno pretende hacernos creer que el Congreso ha ejecutado una campaña de detención masiva de todos los extranjeros no admitidos en el país. Solicitar una reparación contra la deportación no es equivalente a solicitar la admisión», expresaron los jueces en el documento oficial.
Respuesta del Departamento de Seguridad Nacional
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su rechazo absoluto a la decisión del 11.º Circuito y defendió la vigencia de la detención obligatoria. Mediante un comunicado oficial, la agencia sostuvo que su postura busca aplicar la normativa «tal como fue redactada para garantizar la seguridad de Estados Unidos».
Especialistas en el ámbito legal sugieren que, dado que otros tribunales federales han emitido sentencias contradictorias en casos similares, es altamente probable que la administración gubernamental interponga un recurso de apelación ante la Corte Suprema para obtener una resolución definitiva que tenga alcance nacional.
