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Torturas contra presos políticos denuncian familiares en la Fiscalía

Crisis en el sistema penitenciario

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Este miércoles, un grupo de familiares y representantes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) se presentó ante la sede del Ministerio Público para formalizar una denuncia sobre las prácticas de tortura que sufren los reclusos en el sistema penitenciario nacional.

Andreína Baduel, hermana del detenido Josnars Baduel, manifestó su profunda preocupación ante la falta de respuestas de las autoridades tras los hechos violentos ocurridos en el centro penitenciario Rodeo I, donde una manifestación pacífica fue disuelta con el uso de gases y agresiones físicas.

Durante la jornada, los activistas entregaron un pliego con 12 peticiones, solicitando una investigación imparcial sobre lo ocurrido. Asimismo, instaron a la Fiscalía, bajo la gestión de Larry Devoe, a difundir los registros audiovisuales de la protesta, a pesar de que la institución sostiene que se actuó bajo los protocolos establecidos.

Con pancartas y retratos de sus allegados, los manifestantes demandaron el cierre definitivo de los espacios señalados como centros de tortura, haciendo énfasis en Rodeo I, lugar donde permanecen recluidos al menos 24 ciudadanos extranjeros.

Jessica Castro, familiar de uno de los afectados, expuso las condiciones inhumanas a las que son sometidos, destacando la restricción de alimentos a solo cuatro días por semana y el castigo de mantener a los internos desnudos en áreas de aislamiento. Ante este panorama, los denunciantes solicitaron la intervención de la Cruz Roja Internacional, advirtiendo que la vida de los detenidos corre peligro bajo las actuales condiciones de reclusión.

El Clipp detalló que la protesta original surgió como respuesta a las deplorables condiciones sanitarias, incluyendo la presencia de letrinas abiertas en las celdas. La respuesta de los cuerpos de seguridad incluyó el uso de gas lacrimógeno y pimienta, provocando cuadros de asfixia, además de la posterior prohibición de visitas familiares como medida de represalia contra quienes denunciaron los hechos.

Con información de El Nacional

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