ONG exigen garantías a nuevos titulares de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo

Asimismo, enfatizaron que las fallas observadas no deben ser normalizadas, dado que vulneran pilares constitucionales fundamentales como la independencia de los poderes públicos y el derecho a la participación ciudadana. Respecto al Ministerio Público, advirtieron que la trayectoria del nuevo titular dentro del mismo aparato estatal que ha liderado la criminalización de la disidencia genera serias dudas sobre su capacidad para romper con dichas prácticas. Sobre la Defensoría del Pueblo, señalaron que la carencia de experiencia en materia de derechos humanos representa un reto que deberá ser superado mediante una gestión imparcial.

A pesar de las críticas, el documento subraya que ambos funcionarios tienen el deber ineludible de cumplir con el mandato constitucional. Se les recordó que poseen la obligación ética y jurídica de actuar con objetividad, garantizando los derechos humanos sin discriminación alguna. El texto destaca la urgencia de asegurar la autonomía de estas instituciones, las cuales deben operar sin interferencias de otros poderes, sin directrices políticas externas y sin el uso partidista de sus competencias.

El escrito alerta sobre el deterioro institucional en derechos humanos, señalando que el Ministerio Público ha funcionado como un mecanismo de persecución, mientras que la Defensoría ha mantenido una inacción deliberada ante las denuncias. Entre las acciones prioritarias, las organizaciones exigieron a la Fiscalía detener de inmediato los procesos judiciales basados en motivos políticos y promover la liberación de los detenidos por esta causa. Asimismo, instaron a realizar investigaciones independientes sobre violaciones a los derechos humanos y a colaborar con organismos internacionales para erradicar la impunidad.

Para la Defensoría del Pueblo, solicitaron que se exija públicamente la liberación de los presos políticos, se realicen inspecciones en los centros de reclusión y se establezcan mecanismos de coordinación con instancias internacionales. El documento finaliza con un exhorto a que estos nombramientos no sean solo un cambio de nombres, sino el inicio de una verdadera reinstitucionalización democrática del país. Las organizaciones firmantes aseguraron que mantendrán un monitoreo constante sobre el desempeño de ambos organismos y reiteraron la importancia de que la comunidad nacional e internacional no pierda de vista la situación de los derechos humanos en Venezuela.