El objetivo central de esta iniciativa es identificar aquellos activos que no poseen carácter estratégico para evaluar nuevos esquemas de administración o alianzas que permitan elevar su rentabilidad. Con esta medida, el Ejecutivo busca implementar una gestión más eficiente que logre erradicar la corrupción y el exceso de trámites burocráticos en las empresas públicas.
En este sentido, Rodríguez fue enfática al señalar que la industria de los hidrocarburos queda totalmente excluida de cualquier plan de privatización. La estatal petrolera continuará operando bajo los lineamientos de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, vigente desde enero de 2026, la cual permite la participación de capital extranjero y el arbitraje internacional, siempre garantizando que el Estado mantenga la mayoría accionaria.
Al respecto, la funcionaria advirtió sobre las intenciones de sectores que buscan entregar la industria a transnacionales, asegurando que se enfrentarán a la determinación del pueblo venezolano en la defensa de sus recursos. «Quienes aspiran la privatización de PDVSA, para entregarla a poderes transnacionales, se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos», sentenció.
Por otro lado, se confirmó que el próximo 1 de mayo se llevará a cabo un incremento en el ingreso de los trabajadores venezolanos, el cual fue calificado por Rodríguez como una medida «responsable». La funcionaria aclaró que cualquier ajuste salarial futuro estará supeditado a la recuperación de la producción nacional para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
La hoja de ruta del Gobierno Nacional se enfoca en una recuperación paulatina de los ingresos, vinculando directamente las mejoras salariales con el crecimiento productivo en sectores clave como la minería y los hidrocarburos. Según la Presidenta (E), generar ingresos inmediatos a través de estas áreas estratégicas es la clave para beneficiar a la masa laboral sin generar desequilibrios en la economía nacional.
