La disposición, hecha pública por el Departamento del Tesoro, se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump orientada a suavizar las restricciones económicas impuestas a Venezuela, una decisión que llega casi dos meses después del arresto de Nicolás Maduro.
¿Qué habilita la nueva licencia?
Según el texto divulgado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Licencia General 52 faculta a las corporaciones estadounidenses a efectuar transacciones con PDVSA y sus subsidiarias, siempre y cuando se adhieran a un conjunto de condiciones estrictas.
Entre los aspectos más relevantes se encuentran:
- Las firmas estadounidenses podrán establecer contratos con PDVSA, pero estos deberán estar sujetos a la legislación de Estados Unidos y cualquier disputa deberá resolverse en sus tribunales.
- Los pagos no se podrán realizar de forma directa a individuos o entidades sancionadas; en su lugar, deberán ser consignados en fondos supervisados por el gobierno de EE. UU.
- Se autorizan las actividades necesarias relacionadas con el gobierno venezolano que estén directamente vinculadas a estas operaciones permitidas.
Esto se traduce en que, si bien se permite la negociación con la petrolera de Venezuela, Washington se reserva el control directo de los capitales que se generen a partir de dichas operaciones.
Las sanciones no se eliminan por completo
El documento oficial detalla una serie de restricciones importantes, entre las que se incluyen:
- La prohibición de realizar transacciones con cualquier entidad o persona que figure en la lista de sancionados, con la excepción de PDVSA.
- La imposibilidad de negociar deuda venezolana o de transferir la propiedad accionaria de PDVSA.
- La exclusión de operaciones que involucren a naciones como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y en determinados escenarios, a entidades asociadas con China.
- Tampoco se permiten pagos mediante criptoactivos, oro u otros mecanismos no comerciales.
Adicionalmente, las compañías que exporten crudo venezolano a otros países estarán obligadas a presentar un informe detallado de cada una de estas operaciones ante las autoridades estadounidenses.
Una estrategia para «reabrir y revitalizar» el sector energético
El Departamento del Tesoro ha indicado que el objetivo de esta licencia es contribuir a la «reapertura y revitalización» del sector energético de Venezuela, afirmando que esto podría beneficiar al mercado mundial al incrementar la disponibilidad de petróleo.
De manera paralela, la administración Trump busca captar inversiones por hasta 100.000 millones de dólares para la recuperación de la industria petrolera venezolana, la cual ha experimentado un declive sostenido durante años debido a la desinversión, la corrupción y el impacto de las sanciones.
La agencia de noticias Reuters ha señalado que, en la actualidad, las ventas de petróleo de Venezuela son supervisadas por Estados Unidos. Los ingresos generados se depositan en cuentas bajo su control y desde allí se asignan al gobierno interino, lo que restringe la autonomía financiera de la industria petrolera del país, incluso con esta nueva flexibilización.
