A través de sus redes sociales, la ONG detalló que estos criterios, conocidos como baremo, constituyen una herramienta que establece requisitos y facilita la calificación de los aspirantes con base en elementos objetivos, tales como su formación académica, experiencia profesional y trayectoria.
La aplicación de dicho baremo, según la organización, contribuye a que la designación se fundamente en el mérito y no en consideraciones políticas o discrecionales.
Acceso a la Justicia también recordó que la Ley Orgánica del Poder Ciudadano estipula la obligación de fijar estos mecanismos tanto para la postulación como para la posterior evaluación de los candidatos.
Enfatizó que estos deben ser de conocimiento público para asegurar la transparencia del proceso. “Las organizaciones de la sociedad civil simplemente solicitamos que se cumpla con este mandato legal”, señaló la entidad.
Esta petición fue realizada por la ONG el mismo día en que se revelaron los nombres de las 73 personas postuladas para el cargo de fiscal general y las 61 para el de defensor del pueblo.
Cerca de 100 candidatos entrevistados
El diputado Giuseppe Alessandrello, quien preside el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, informó el lunes que ya han sido entrevistados aproximadamente 100 aspirantes y que el ciclo de entrevistas proseguirá en los días venideros.
Asimismo, extendió una invitación a la ciudadanía para que presente objeciones formales sobre aquellos candidatos que consideren que no satisfacen los requisitos exigidos.
Entre los aspirantes a fiscal general se encuentra Larry Devoe, quien ejerce el cargo de manera interina. Devoe es una figura vinculada a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y ha negado en el pasado las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el gobierno chavista.
En la lista también resalta la jurista penalista Magaly Vásquez, actual secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Para el puesto de defensor del pueblo, uno de los postulados es Ernesto Villegas, el actual ministro de Cultura, quien en 2017 afirmó, sin una investigación transparente de por medio, que a Juan Pablo Pernalete lo asesinaron con una pistola de perno durante una manifestación antigubernamental.
Este proceso de selección se activó luego de la dimisión, el pasado 25 de febrero, de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a sus respectivos cargos de fiscal general y defensor del pueblo, en el marco de la implementación de la Ley de Amnistía.
La coalición Plataforma Unitaria Democrática manifestó su preocupación la semana pasada ante una presunta negociación poco transparente entre el chavismo y sectores afines. El propósito, según alertaron, sería designar a funcionarios que sirvan a los intereses del poder establecido en lugar de a los de la ciudadanía.
