La nueva legislación, compuesta por 16 artículos, fue aprobada luego de un proceso de consulta de una semana que involucró a distintos actores de la sociedad civil, entre ellos organizaciones no gubernamentales y parientes de personas privadas de libertad por razones políticas.
Jorge Rodríguez, quien preside el Parlamento, comunicó que el texto legal será enviado a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para que proceda con su promulgación oficial, conforme a lo estipulado en el artículo 213 de la Carta Magna.
Un paso hacia la reconciliación
En el transcurso del debate, el parlamentario Jorge Arreaza, quien lideró la Comisión Especial para la Consulta Pública, resaltó que el contenido de la ley surgió de un diálogo «amplio» y se fundamentó en «grandes acuerdos» entre los diferentes bloques políticos.
A su vez, la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la misma comisión, subrayó que, aunque la legislación «no es perfecta», constituye un avance crucial para la estabilidad del país. «Es un gran avance para la reconciliación del país, ya que mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos», declaró.
Instancia de Supervisión
Para asegurar la correcta implementación de la ley, Rodríguez informó sobre la conformación de una Comisión Especial, según lo dispuesto en el artículo 15 del nuevo marco legal. Dicha instancia se encargará de vigilar la ejecución y los efectos de la ley.
Esta comisión de supervisión será presidida por el diputado Jorge Arreaza y tendrá a la diputada Nora Bracho en la vicepresidencia, replicando la fórmula de colaboración que facilitó la elaboración del documento final.
