Durante un encuentro con los medios de comunicación, Romero detalló que la medida afecta principalmente a quienes fueron vinculados con operativos de seguridad, como la denominada «Operación Gedeón». El abogado resaltó que, en múltiples expedientes, se procesó a civiles bajo tipificaciones militares y cargos de seguridad nacional que obedecen a una lógica de persecución política más que a fundamentos jurídicos sólidos.
«Nuestras estimaciones indican que unos 400 detenidos están fuera del alcance de esta amnistía por ser militares o personas relacionadas injustamente con casos de esta índole, a pesar de ser civiles», puntualizó el vocero. Asimismo, criticó que la ley ignore casos de supuesta traición a la patria o delitos de corrupción, figuras que suelen usarse para extender las detenciones de forma indefinida.
Para el representante de la oenegé, el problema central no radica únicamente en el texto legal, sino en la persistencia de la estructura represiva. Denunció que los procesados siguen enfrentando trabas críticas, como la falta de acceso real a los tribunales y severas limitaciones para contar con una defensa técnica de su elección.
Irregularidades en los lapsos de aplicación
Por otro lado, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la institución, puso la lupa sobre el artículo 8 de la normativa. Según su análisis, la ley deja un vacío histórico alarmante al no contemplar 15 de los 28 años que pretendía cubrir inicialmente. Himiob precisó que periodos enteros, desde 1999 hasta años recientes como 2022, quedaron fuera de la protección legal.
El especialista calificó como una «irregularidad grave» que, al sumar los meses efectivamente amparados por la ley, el beneficio real apenas alcance los 20 meses de vigencia efectiva. Esta selección, tildada de arbitraria por la organización, ignora la continuidad de la crisis política en la nación. Finalmente, ambos juristas instaron a una revisión profunda por parte de las comisiones parlamentarias para garantizar que la liberación de los detenidos no sea un proceso selectivo, sino un paso real hacia el desmantelamiento del sistema de persecución.
