La nación caribeña atraviesa una severa crisis energética desde mediados de 2024. La situación se ha intensificado debido a las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos, lo que ha resultado en apagones sin precedentes que paralizan la actividad económica y aumentan la tensión social.
El pasado 31 de enero se marcó un récord histórico desde que el país comenzó a publicar estadísticas energéticas en 2022, cuando una falla masiva dejó sin electricidad al 63% de la isla al mismo tiempo.
Frente a este escenario, el gobierno anunció la semana pasada un riguroso paquete de acciones de emergencia para intentar gestionar la escasez de combustible importado, ya que la producción local apenas satisface un tercio de la demanda nacional.
La UNE, entidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, proyecta para el horario pico de la tarde-noche una capacidad de generación de solo 1.224 megavatios (MW) frente a una demanda máxima que alcanzará los 3.100 MW.
Esto representa un déficit de 1.876 MW entre la oferta y la demanda, lo que obligará a desconectar del sistema un estimado de 1.906 MW para prevenir colapsos descontrolados en la red.
Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de operación por averías o mantenimiento, incluyendo dos de las tres más grandes. Esta fuente representa aproximadamente el 40% de la matriz energética cubana.
Otro 40% dependía de la generación distribuida (motores), la cual, según reconoció el presidente Miguel Díaz-Canel, lleva cuatro semanas completamente inoperativa por el bloqueo al suministro de petróleo.
Analistas independientes señalan que la crisis energética responde a una financiación insuficiente y crónica del sector, que ha estado bajo control estatal total desde 1959.
Distintas estimaciones independientes sugieren que se necesitaría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar y estabilizar el sistema eléctrico.
Por su parte, el gobierno cubano atribuye la crisis al impacto de las sanciones estadounidenses, acusando a Washington de ejercer una «asfixia energética».
Los constantes y prolongados apagones han afectado gravemente la economía, que ha registrado una contracción superior al 15% desde 2020, según datos oficiales. Además, estas interrupciones han sido el principal catalizador de las protestas sociales más importantes de los últimos años.
